El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las calles de Montevideo y de varias ciudades del interior volvieron a llenarse para recordar algo que, aunque parece evidente, todavía necesita ser dicho: los derechos de las mujeres no son un tema solo de las mujeres ni de la vida privada, sino de todas las personas, del Estado y del ámbito público.

Desde la Relacahupan (Red Latinoamericana y del Caribe por la humanización del parto y del nacimiento) y con representación del IPU (Instituto Perinatal del Uruguay) se marchó con una frase que resume nuestro compromiso: “En el útero se gesta la humanidad. Por un gobierno presente y una sociedad más informada”.

Detrás de estas palabras hay una realidad profunda. En el útero comienza la vida humana y, sin embargo, las condiciones en las que las mujeres transitan el embarazo, el parto y la maternidad siguen estando, muchas veces, lejos del respeto y el sostén que merecen.

En Uruguay tenemos leyes que respaldan estos derechos. Pero la existencia de la ley no es suficiente si no se garantiza su cumplimiento, si las instituciones no las aplican y/o si la sociedad no las conoce.

Las mujeres tienen derecho a un seguimiento del embarazo basado en información clara y empatía; a comprender qué sucede con sus cuerpos y a participar activamente en las decisiones que las afectan.

El parto respetado no es un lujo, es un derecho. Significa que la voz de la mujer sea escuchada, que sus tiempos sean respetados y que la información sea la base del proceso, no un privilegio de unas pocas.

Pero el compromiso no puede terminar con el nacimiento; ahí comienza otra etapa que necesita ser sostenida por políticas públicas y por una sociedad que deje de mirar a la crianza como un asunto privado.

Hoy, los cuidados siguen recayendo mayoritariamente sobre los hombros de las mujeres. Son ellas quienes suelen faltar al trabajo cuando un/a hijo/a se enferma, quienes sostienen las adaptaciones escolares, las consultas médicas y los cambios de rutina. Son ellas quienes, casi siempre, reorganizan su vida laboral para que la vida familiar siga funcionando.

Esta carga no es un tema doméstico, es una cuestión social.

Hablar de licencias por cuidados basadas en la realidad de la crianza, de corresponsabilidad real y de padres presentes no es un capricho: es la base para construir una sociedad más justa.

Porque cuando el cuidado se distribuye, también se distribuyen las oportunidades.

Las mujeres levantamos la voz porque los derechos que figuran en los papeles muchas veces no se ven en la práctica.

Respetar el embarazo, el parto y la crianza es invertir en el bienestar de toda la comunidad. La forma en que acompañamos estos procesos habla directamente del tipo de mundo que estamos construyendo.

Un gobierno presente y una sociedad más informada no son consignas vacías. Son el único camino para garantizar que las mujeres puedan maternar con dignidad, con respeto y con sostén.